La Sanidad Pública no es gratuita, no nos la regala nadie. La pagamos religiosamente todos los meses con nuestra nómina (un 4'7% de lo que se paga a la Seguridad Social va destinado a asistencia sanitaria pública) y cuando pagas a Hacienda. Partiendo de esa base tener que pagar por la asistencia sanitaria no es un co-pago sino un re-pago.
Los presupuestos en sanidad se han visto reducidos en de 84,76 € ; 140,13 € desde 2010 (el 10,42%) a lo que hay que sumar las rebajas en gastos corrientes en los que no se ha tenido en cuenta el aumento de la inflación en este periodo.
El nuevo decreto del Gobierno implica que los españolitos de a pie tendremos que repagar una serie de servicios sanitarios que nos correspondería recibir sin hacen nuevas aportaciones. La nueva ley tira por tierra además la declaración de la sanidad universal y gratuita. El 1 de septiembre las tarjetas sanitarias de inmigrantes 'sin papeles' quedarán anuladas. Solo tendrán cobertura en urgencias por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica; gestación, parto y postparto. Solo hay una excepción, los menores de 18 años tendrán garantizada la asistencia en igualdad de condiciones con los españoles y se tratarán enfermedades graves y crónicas como el sida.
El Decreto-Ley aprueba, además del pago de recetas según tramos de renta, un nuevo recorte del que hasta ahora nada sabíamos: la eliminación de las recetas para los fármacos para síntomas menores. ¿Y cuáles son? Pues de momento no se sabe, el gobierno prepara una lista pero las quinielas apuntan a mucolíticos, antitusivos, descongestivos, antidiarreicos y las lágrimas artificiales.
Se instaura además el pago por receta a partir del 1 de julio dependiendo de la renta.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de ocho euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.
Parte de las prótesis (férulas, muletas, sillas de ruedas...), los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente quedarán también fuera de cobertura. Esto es, si mi abuela que vive en un pueblo, tiene que desplazarse a un hospital frecuentemente para hacer rehabilitación o diálisis o recibir quimioterapia, ahora tendrá que pagar la ambulancia que la recoge.
La situación, en concreto en Baleares, que es la que más conozco, se agudiza con el recorte de los horarios en los centros de atención primaria, el cobro de una tasa de 10 euros por la renovación (obligatoria) de la tarjeta sanitaria, la subida de 4,9 céntimos por litro de gasolina (el mal llamado 'céntimo sanitario') para paliar el déficit y el cierre de dos hospitales públicos. Asimismo se han aumentado las horas de trabajo del personal sanitario al tiempo que se reducen las plantillas.
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