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La nueva amnistía fiscal de Rajoy da ejemplo de que el dinero puede comprar a la justicia, por ley. La Audiencia Nacional ha archivado, a petición de la fiscalía, la causa
abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios
miembros de su familia por supuestos delitos contra la Hacienda
pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del banco
HSBC. El tribunal considera que los Botín quedan exentos de
responsabilidad penal tras haber regularizado su situación fiscal
mediante el pago conjunto de unos 200 millones de euros correspondientes
al IRPF y al impuesto sobre patrimonio. Hasta los propios técnicos de Hacienda han denunciado el 'trato de favor' a la familia Botín
La causa implicaba a Emilio Botín y a sus cinco hijos, así como a su
hermano Jaime Botín (accionista principal de Bankinter) y a los cinco
hijos de éste. El proceso se abrió en 2010 a raíz de que la familia
apareciera entre los 659 contribuyentes españoles que tenían cuentas, no
declaradas a Hacienda, en la filial suiza del banco HSBC. Los Botín
alegaron entonces que los fondos depositados en Suiza formaban el
patrimonio que Emilio Botín padre había sacado del país en 1936 tras el
estallido de la Guerra Civil.
No es la única 'deferencia' que la justicia ha tenido para con los banqueros del Santander. Recordemos que justo antes de terminar la legislatura, de El Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero indultó al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Sáenz fue condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por el delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.
Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el mismo día que a Botín le perdonaban años de fraude fiscal a cambio de una miseria, sale a al luz un estudio que pone de manifiesto la escalada galopante de familias y menores en situación de pobreza. La pobreza infantil en Cataluña se está agravando y
alcanza ya a un 23,7% de los menores. Niños que se van a la cama sin cenar, hacinamiento y aumento de los
problemas de salud mental en las familias son algunos de los principales
síntomas.
El Gobierno de Rajoy aprobó el pasado 30 de marzo la amnistía fiscal en el marco de reformas para los Presupuestos Generales de Estado 2012. Esta regularización se realizara a cambio de pagar un "gravamen especial" del 10% cuando el irpf mínimo que soportan los beneficios de las empresas
personales es el 24 %. Y en el impuesto de sociedades los beneficios de
la pequeña empresa se gravan al 20 y al 25 %. La amnistía tributaria
tampoco incluye el cobro de intereses, recargos y sanciones que la
propia ley establece para el fraude fiscal. Y para más inri garantizan además el
anonimato del infractor.
No han pasado ni dos meses y Hacienda ya ha dicho que está dispuesta a aceptar dinero en efectivo para la regularización, con la condición de que previamente a presentar la declaración el dinero se deposite en un banco. La realidad es que será muy difícil que aflore la cantidad que Hacienda espera y Bruselas ya ha hecho saber que no tiene demasiada confianza en que las previsiones se cumplan.
El miedo de que esta norma permita blanquear dinero procedente de estafas y especulaciones, pone en duda su connivencia con la Constitución. Precisamente el artículo 31 de la Carta Magna dice: “Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad”.
La eficacia de la norma supone que quienes han defraudado a Hacienda entonen el 'mea culpa', eso si no hay delitos de blanqueo de por medio (que no sería tan descabellado, ejem). El Servicio contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) no podrá dejar de perseguir los delitos de blanqueo de capitales que
detecte en el afloramiento de dinero previsto por la amnistía fiscal. Así, pese a que el Real
Decreto aprobado por el Ejecutivo asegura que no es necesario
“especificar el origen” del dinero aflorado lo cierto es que tanto el código penal como
las directivas europeas sí lo exigen.
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